En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo de Colombia presentó un informe que destaca los desafíos persistentes en la protección de los derechos humanos en el país, especialmente en el contexto del conflicto armado.
Según la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, “En Colombia, el conflicto armado sigue siendo un desafío crítico en derechos humanos, especialmente para las mujeres”. Desde el 2017, de las 325 Alertas Tempranas emitidas por la Defensoría, 205 han identificado riesgos significativos para las mujeres en contextos de violencia armada.
Estas alertas subrayan problemáticas como desplazamientos, confinamientos y violencia sexual, que afectan desproporcionadamente a lideresas sociales, mujeres afrodescendientes, indígenas y migrantes.
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Compromiso por un futuro inclusivo y equitativo
En su intervención, la Defensora del Pueblo enfatizó la necesidad de traducir los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en acciones concretas. “Por un buen futuro, debemos trabajar incansablemente y en conjunto por una Colombia igualitaria, amigable y pacífica, que impulse transformaciones reales en los territorios”, afirmó Marín Ortiz.
La Defensoría del Pueblo reiteró su compromiso de trabajar en alianza con comunidades e instituciones para construir un país más justo e incluyente, donde los derechos humanos sean una prioridad en todos los niveles de la sociedad. Este llamado se convierte en una invitación a reflexionar y actuar frente a los desafíos que enfrenta Colombia en materia de derechos humanos.
Nuestra Defensora del Pueblo, @MarnIris, dio las palabras de apertura en el Encuentro Nacional de @persocapitales en Barranquilla, con las que destacó el rol de personeras y personeros como guardianes de los #DDHH en todos los rincones del país. pic.twitter.com/lMK24JZZK9
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) December 10, 2024
Las cifras de violencia contra las mujeres
El informe de la Defensoría del Pueblo detalla que, en lo que va del 2024, se han registrado 745 feminicidios en el país, de los cuales 44 fueron perpetrados contra niñas y 11 contra personas trans.
Además, entre enero y septiembre de este año, se reportaron 26.605 casos de violencia de pareja, lo que evidencia la necesidad de fortalecer medidas de protección para las mujeres en todos los niveles.
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Impacto del conflicto armado en las comunidades y la importancia de la Paz Total
El conflicto armado en Colombia sigue siendo una amenaza para los derechos fundamentales de las comunidades. Desde el 2017, la Defensoría ha emitido 203 Alertas Tempranas relacionadas con afectaciones a comunidades indígenas y 146 por afectaciones a comunidades afrodescendientes. Estas poblaciones enfrentan desplazamientos, control territorial y la utilización de sus tierras para actividades ilícitas.
A nivel nacional, 790 municipios en los 32 departamentos del país han sido identificados como zonas de riesgo. Regiones como Arauca, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo son particularmente vulnerables debido a la presencia de varios grupos armados organizados que imponen normas de control social y restringen la movilidad de la población.
Durante el 2023, se registraron 123 eventos de desplazamiento forzado que afectaron a 58.937 personas. En lo que va del 2024, ya se han reportado 100 eventos similares, impactando a 40.499 personas. Estos datos reflejan la persistencia del conflicto armado y la urgencia de estrategias efectivas de mitigación.
Protección a la infancia y la juventud
El impacto del conflicto armado y las brechas sociales también afectan gravemente a niñas, niños y adolescentes. Entre enero y noviembre de 2024, 1.381 menores fueron víctimas de explotación sexual comercial, siendo las niñas las más afectadas (84%). Además, se reportaron 14.245 intentos de suicidio en jóvenes hasta los 19 años, concentrándose mayoritariamente en los estratos socioeconómicos más bajos.
Derechos económicos, sociales y culturales
Entre 2020 y 2024, la Defensoría del Pueblo recibió 70.780 quejas por vulneraciones a derechos fundamentales como la salud, la educación, el trabajo y la seguridad social. Aunque la pobreza monetaria ha disminuido, persisten desigualdades significativas entre las zonas urbanas y rurales, así como las brechas de género.
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