Esta semana inició el operativo de desalojo de las 6800 familias que ocupan el predio Hacienda Santa Elena desde hace dos meses, tras la emisión del decreto 0064 por parte de la Alcaldía de Caucasia este 27 de mayo de 2024, el cual establece varias medidas para facilitar el procedimiento, incluyendo ley seca y limitaciones de movilidad en la ciudad.
En días anteriores, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) envío comunicaciones a las autoridades locales donde informó que desistió de la querella policiva referente a la solicitud de acción preventiva por perturbación de la posesión y recuperación de inmueble ocupado, en relación al predio en referencia. Además, allí indicó que el contrato de arrendamiento de quien presentó ese proceso se encuentra “actualmente terminado”, razón por la cual no había argumento para continuar las actuaciones tendientes al desalojo.
En los comunicados, la SAE solicitó a la Gobernación de Antioquia y a la Policía de Caucasia que no desalojarán a las familias ocupantes del predio Hacienda Santa Elena, explicando que la administradora de la propiedad es esta entidad, por lo tanto no tendrían las competencias para llevar a cabo el procedimiento.
“La legítima administradora del predio es la única que tiene la potestad de tomar la decisión en torno a la recuperación material y hasta tanto no se garanticen los derechos constitucionales de las personas la SAE no concurre en ninguna clase del uso de la fuerza contra población vulnerable”, aseguró Luis Mauricio Urquijo Tejada, de la Dirección Territorial Occidente de la entidad.
Cabe resaltar que el 24 de mayo, a través de una publicación en la cuenta oficial de X de la SAE, la entidad también aseguró que se iniciaría el debido proceso para recuperar el predio y que ya se había instalado una mesa de diálogo con la comunidad para consensuar alternativas, protegiendo sus derechos.
Por su parte, Alejandro Toro, representante a la Cámara por Antioquia, se pronunció sobre la decisión de la Alcaldía de Caucasia de llevar a cabo el desalojo, a pesar de las advertencias de la SAE.
“Qué interés hay detrás, con el presidente Gustavo Petro estuvimos en el municipio y él se comprometió a encontrar solución. Pues íbamos en ese camino, me cuentan que la SAE ya quitó la querella y no hay un arrendamiento entonces con qué razón hoy van a desalojar a esas personas, quién tiene intereses en ese predio”, afirmó.
Lee también: La SAE entregó predios a campesinos, víctimas y población vulnerable en Atlántico y Bolívar
