Corte Constitucional y trino del presidente Gustavo Petro

Corte Constitucional limita contratación directa con comunidades

Foto: Tomada de: X/ @petrogustavo
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El presidente Petro, a través de su cuenta de X, expresó su apoyo a la idea de contratar directamente con la comunidad los dineros públicos, pese a la decisión tomada por la Corte Constitucional.

El primer mandatario reafirmó su respaldo a la idea de contratar directamente con las comunidades para la gestión de recursos públicos, utilizando su cuenta de X para subrayar que esta medida no solo fortalece la democracia participativa, sino que también contribuye a mejorar la transparencia en los procesos de contratación pública.

Según Petro, permitir que las comunidades gestionen directamente los dineros públicos ayuda a combatir la influencia de los "carteles" que monopolizan estos recursos, lo que degrada tanto la política como el sistema gubernamental.

 

El mandatario sostiene que la contratación comunitaria es una herramienta clave para distribuir los recursos de manera más equitativa y directa, reduciendo la intermediación de grandes contratistas que, en múltiples casos, han sido señalados de corrupción.

Con este enfoque, el presidente busca fomentar el desarrollo local, aumentar la rendición de cuentas y darle a las comunidades un mayor control sobre los recursos públicos, algo que, según él, está en consonancia con los principios constitucionales de participación ciudadana.

Corte tumba contratación directa con organizaciones sociales para vías regionales

Sin embargo, la implementación de estas ideas enfrenta obstáculos judiciales. La Corte Constitucional recientemente declaró inexequible el artículo que permitía la contratación directa y sin límite de cuantía con organizaciones sociales para proyectos de infraestructura vial.

Esta decisión vino tras una demanda del congresista Hernán Cadavid, quien alegaba que la medida "vulnera los principios de transparencia e igualdad en la contratación pública". Al respecto, diferentes sectores de la opinión pública se pronunciaron para mostrar su rechazo frente a la medida.

Personajes como Gustavo Bolívar expresaron su rechazo frente a dicha decisión, catalogándola como "un golpe a las comunidades". En su mensaje publicado a través de su cuenta de X, el ex senador afirmó que "Ante la decisión de la Corte Constitucional, tengo que anunciar, con mucho pesar, que se nos quedarán muchas obras en DPS sin realizar."

No es un golpe a Petro. Es un golpe a las comunidades.

 

Así mismo, la abogada, comunicadora social y periodista María Echeverry expresó que, aunque pudiera parecer que la decisión se generó para provocar un golpe contundente al Gobierno Petro, realmente "el daño es para los millones de colombianos que necesitan estas vías para el desarrollo de sus negocios y de sus regiones."

 

Por su parte, el pastor Alfredo Saade también se pronunció en sus redes sociales, demostrando su descontento frente a la decisión de la Corte, asegurando que "esta vez se ensaña nuevamente contra los más pobres."

La Corte consideró que el gobierno había excedido sus facultades al intentar modificar el régimen de contratación estatal sin respetar los controles necesarios. Aunque el fallo no prohíbe completamente la contratación con comunidades, establece límites claros en los montos de los contratos y exige que estos se ajusten al régimen general de contratación pública.

Este fallo impacta particularmente en los planes del gobierno de Petro, específicamente en la iniciativa "Caminos Comunitarios", cuyo objetivo es mejorar la conectividad en zonas rurales con la participación activa de juntas de acción comunal y comunidades locales.

Otros usuarios se refirieron a la situación como un retroceso, comparándola incluso con el "Cartel de la Toga", el caso de corrupción judicial y política en el país, donde miembros de la Corte Suprema de Justicia de Colombia cometieron los delitos de cohecho y concusión.

 

A pesar de la decisión judicial, la administración aún puede seguir contratando con estas organizaciones, pero bajo las nuevas reglas que aseguran una mayor supervisión y transparencia en el uso de los recursos públicos.


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