En una decisión histórica para la justicia rural en Colombia, el Congreso de la República aprobó hoy la conciliación final de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Agraria y Rural, una normativa que establece un marco judicial especializado para atender conflictos agrarios y garantizar un acceso equitativo a la justicia para campesinos y comunidades rurales.
El proyecto, que ahora espera la sanción presidencial de Gustavo Petro y la revisión de la Corte Constitucional, define una estructura judicial con jueces de circuito y tribunales agrarios.
Estos órganos judiciales serán instalados estratégicamente en zonas con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), núcleos de reforma agraria y áreas afectadas por cultivos ilícitos, entre otras.
¡Hoy hay una muy buena noticia, en especial para nuestros campesinos y campesinas! Se aprobó la ley estatutaria de jurisdicción agraria. Agradezco al Senado y a la Cámara de Representantes su decisión. ¡Se hará justicia con el campo colombiano! Así construimos el cambio
— Néstor Osuna (@osunanestor) June 20, 2024
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, celebró la aprobación del proyecto destacando su enfoque en la protección de la propiedad rural.
"Esta iniciativa no contempla disposiciones relacionadas con expropiación; por el contrario, fortalece el marco legal existente para proteger la propiedad rural mediante la creación de un sistema judicial especializado", explicó el ministro.
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Además de los jueces especializados, la ley establece la creación de centros de apoyo técnico especializado, conformados por profesionales de diversas disciplinas que asistirán a los jueces agrarios en sus funciones. Asimismo, introduce la figura del facilitador agrario, quien brindará orientación gratuita a los usuarios del sistema judicial agrario.
En términos de provisión de cargos, se establecerán concursos de méritos para la selección de jueces y magistrados especializados en derecho agrario, administrativo y ambiental.
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A pesar de la aprobación de la ley estatutaria, queda pendiente la discusión y aprobación de la ley ordinaria complementaria, que definirá el procedimiento operativo específico de la nueva jurisdicción.
Entre los aspectos que deberá abordar esta legislación se encuentran los requisitos para la presentación de demandas y el procedimiento para la práctica de pruebas en los casos agrarios.
