CIDH reconoció responsabilidad del Estado colombiano en la desaparición de 2 jóvenes por la Policía Nacional en Cali

CIDH reconoció responsabilidad del Estado colombiano en la desaparición de 2 jóvenes por la Policía Nacional en Cali

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La CIDH responsabilizó a Colombia por la desaparición forzada de dos jóvenes en Cali en 1995, ordenando reparaciones y justicia para las familias.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró la responsabilidad del Estado colombiano en la desaparición forzada de Jhon Ricardo Ubaté y Gloria Mireya Bogotá, ocurrida el 19 de mayo de 1995 en Cali. Según el fallo, agentes de la Unidad Antiextorsión y Secuestro (UNASE) de la Policía Nacional perpetraron el crimen en un contexto de persecución estatal contra excombatientes desmovilizados y defensores de derechos humanos.

Un caso emblemático de lucha por justicia

Ubaté, de 24 años, y Bogotá, de 22, habían pertenecido al Ejército Popular de Liberación (EPL) y se desmovilizaron en 1991 como parte de un proceso de paz. Posteriormente, Ubaté inició actividades de activismo en derechos humanos, denunciando hechos de violencia en la región. Según la CIDH, ambos fueron detenidos frente a la Clínica Tequendama en Cali por agentes de la UNASE y desde entonces se desconoce su paradero.

Durante 29 años, las familias de las víctimas han librado una ardua lucha por encontrar la verdad. Según el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), que representa a los familiares, el caso refleja un patrón de desapariciones forzadas ejecutadas directamente por agentes estatales en la década de los 90. "La lucha por encontrar a estos dos jóvenes continúa, pero esta decisión es un impulso para este proceso", expresó Jomary Ortegón, vicepresidenta de CAJAR.

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La decisión de la Corte: reparación y garantías de no repetición

La sentencia de la CIDH concluyó que Colombia violó múltiples derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la vida, la libertad, la integridad personal, y el reconocimiento de la personalidad jurídica. Además, destacó la responsabilidad estatal en no garantizar la protección de los derechos de defensores de derechos humanos como Ubaté y Bogotá.

El fallo también subrayó que la investigación penal en Colombia tuvo "un alcance limitado" y descartó posibles líneas relacionadas con la participación de agentes estatales, a pesar de pruebas contundentes. Esta negligencia perpetuó la impunidad total del caso.

La Corte ordenó al Estado colombiano una serie de medidas de reparación, entre ellas:

  • Continuar con la búsqueda de Ubaté y Bogotá.
  • Identificar, investigar y judicializar a los responsables.
  • Adoptar garantías de no repetición para prevenir desapariciones forzadas.
  • Implementar medidas de memoria histórica.

Asimismo, la sentencia incluye compensaciones por daños materiales e inmateriales para las familias de las víctimas.

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Familias entre el dolor y la esperanza

Pedro Portilla Ubaté, tío de Jhon Ricardo, expresó que esta decisión representa un alivio después de años de incertidumbre y sufrimiento. "Hemos luchado durante 29 años con el apoyo de CAJAR. Hoy sentimos satisfacción porque se le da reapertura al proceso de investigación para encontrar la verdad y determinar quiénes son los culpables", comentó en declaraciones a RTVC Noticias.

La familia de Gloria Mireya Bogotá también destacó la importancia de este fallo para otras víctimas de desaparición forzada. "Este reconocimiento no solo es para nosotros, sino para todas las familias que han vivido el drama de la desaparición forzada", afirmaron.

Un contexto de violencia sistemática

La desaparición de Ubaté y Bogotá ocurrió en el marco de un conflicto armado interno que ha dejado más de 9,5 millones de víctimas en Colombia, según registros oficiales. Durante los años 90, se documentaron numerosas desapariciones forzadas ejecutadas directamente por agentes estatales en un contexto de represión y violencia política.

La CIDH destacó que los familiares de las víctimas enfrentaron amenazas, hostigamientos y, en algunos casos, exilio forzado por buscar justicia. La Corte enfatizó que "la búsqueda de un familiar desaparecido desde el exilio requiere particular protección y apoyo estatal".


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