El control político en el Congreso contra la procuradora Margarita Cabello, programado para abordar presuntas irregularidades en la compra de un predio en Barranquilla, fue aplazado por decisión de la mesa directiva. La senadora Esmeralda Hernández, impulsora del debate, denunció que detrás de esta dilación existen intereses políticos que buscan proteger a la funcionaria.
La polémica se centra en la adquisición de la oficina 701 del edificio Centro Ejecutivo de Barranquilla, por un monto superior a los 20 mil millones de pesos. Según documentos revelados por Noticias Uno, la Procuraduría había solicitado previamente un avalúo que valoraba el inmueble en poco más de 10 mil millones, lo que significa un sobrecosto de más del 100%.
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Un negocio lleno de irregularidades
El 20 de diciembre de 2023, la Procuraduría firmó una promesa de compraventa con Ludwing Landazábal, representante legal de la sociedad Inversiones Landazabal Daguer y Compañía. A pesar de que el contrato estipulaba que el inmueble debía entregarse libre de hipotecas y embargos, en el momento de la firma este tenía tres embargos vigentes. Estos fueron levantados solo dos meses y medio después, un detalle que para Hernández demuestra que "la procuradora le hizo el favor al vendedor para solucionar sus problemas legales".
Landazábal no es un desconocido en el ámbito judicial. Su nombre ha sido vinculado al escándalo de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), caso por el cual el Fiscal antimafia Camilo Bula fue condenado a 18 años de cárcel. En el pasado, Landazábal también había sido señalado por operaciones irregulares relacionadas con otra oficina del mismo edificio donde está el predio comprado por la Procuraduría.
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Intereses políticos tras el aplazamiento
Para la senadora Esmeralda Hernández, el aplazamiento del debate responde a una maniobra política para proteger a Margarita Cabello, quien dejará el cargo a mediados de enero. “La Procuraduría está al servicio de la politiquería, persigue a adversarios y entrega contratos a dedo. Hay una clara protección por parte de sectores políticos que no quieren que la procuradora rinda cuentas”, afirmó Hernández.
La senadora también cuestionó la justificación de la compra del inmueble, señalando que su tamaño es insuficiente para albergar a todos los funcionarios, mientras que su ubicación en el centro histórico incrementa innecesariamente los costos. Además, advirtió que las remodelaciones necesarias podrían superar el valor de compra, profundizando el gasto público en un proyecto cuestionado desde su origen.
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El tiempo apremia
Hernández advirtió que si el debate no se realiza en los próximos días, se perderá la oportunidad de que Margarita Cabello enfrente al Congreso antes de finalizar su periodo. Sin embargo, el ambiente político no es favorable: miembros del Gobierno Nacional y aliados de la senadora han mostrado interés en simplificar la agenda legislativa de fin de año, una excusa que para Hernández podría dejar el caso en la impunidad.
Con este aplazamiento, crecen las dudas sobre la transparencia en la gestión de la Procuraduría y su relación con sectores políticos influyentes, dejando al país a la espera de respuestas que, por ahora, no parecen llegar.
MUCHO OJO: Como el Senado se negó a debatir nuestro control político a la Procuradora Margarita Cabello, hoy revelaremos nuevos hallazgos de nuestra investigación de la mano de @DCoronell. No importa que en el Congreso quieran silenciarnos, no nos callarán. pic.twitter.com/WFYFUqxl0k
— 🍃Esmeralda Hernández🍃 (@EsmeHernandezSi) December 16, 2024
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